GOBERNANZA: Un concepto mal entendido.

02/05/17


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Contexto Mundial.

El análisis de sostenibilidad de las ciudades en América Latina que desarrolló el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su estudio “Ciudades emergentes y sostenibles” de la iniciativa ICES, (2015); incluye 117 indicadores, en tres grandes ejes  generales: Medio ambiente, Urbano-social y Gobernanza.

Este estudio hace énfasis en una forma de desarrollo en la que se logre el bienestar humano sin dañar el equilibrio del ambiente y sus recursos naturales, y dentro de los procesos de gobernanza requeridos que aseguren la sana convivencia social y prosperidad económica.

La Universidad de Navarra publica su propio estudio anual “Cities in Motion”, donde analiza la sostenibilidad de 181 ciudades en todo el mundo, (IESE, 2016).

Guadalajara se ubica en la posición 116 de las 181 ciudades analizadas en el estudio, siendo los indicadores del componente político-económico, como la gobernanza, donde tiene su peor desempeño.

Desambiguación.

Para desglosar el concepto de gobernabilidad es necesario visualizarlo desde dos ámbitos. El de la realidad gubernamental, basada en la actuación de gobierno por una parte, y el de la realidad social basada en la participación ciudadana por la otra.

Según Luis F. Aguilar, desde la realidad social, la gobernabilidad es sustentada en la observancia de las normas y la disposición cívica, en sus vínculos sociales solidarios y su capital social e  intelectual. Mientras que desde la realidad gubernamental, es sustentada en la legalidad de la actuación del gobierno, basada en el respeto de derechos y libertades, la imparcialidad, el cuidado de los recursos públicos y la amplitud en la  cobertura de servicios públicos de calidad. (Aguilar, Luis F. 2016 p33).

Es decir, para generar gobernabilidad no es suficiente gobernar desde el gobierno, es necesario generar ciudadanía.

Y al hablar de construcción de ciudadanía, Reina Guichot (2013) nos dice que para definir el concepto de ciudadanía capaz, hay que remitirse a la teoría de las capacidades de Amartya Sen, quien sentencia que un gobierno debe de ser juzgado en función de las capacidades concretas de sus ciudadanos.

Resultarían entonces insuficientes los derechos ciudadanos a ser tomados en cuenta en la planeación urbana, si las capacidades ciudadanas para ejercer tales derechos son limitadas, coartadas, dirigidas o ignoradas.

El desarrollo de estas capacidades genera gobernanza, ya que eleva la posibilidad de los ciudadanos de incidir en la toma de decisiones, independientemente del modelo de gobierno o de ciudad; estableciendo una relación directa entre capacidades y justicia.

En una posición más crítica y que cuestiona el discurso de esperanza racionalista del diseño institucional basado en la gobernanza, se encuentra David Arellano, quien asegura que si bien la participación y coordinación parecen necesarias o incluso inevitables en sociedades complejas, tal dinámica participativa no modifica la lógica organizacional más profunda que es la que puede crear las condiciones para la acción y ejecución procesos de poder diferenciado y actores plurales.

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De manera particular, el concepto de gobernanza democrática puede ser un discurso normativo interesante, pero en la práctica, un concepto con grandes limitaciones en la dinámica de la acción organizacional que se requiere para pasar de la definición de un problema público a la acción. (Arellano, D. 2014 p119).

Es decir, para Arellano, el hecho de que el diseño normativo se base en mecanismos de gobernanza democrática no cambia los dilemas concretos de implementación. Incluso, es posible que la transforme en un fenómeno aún más complejo e intrincado.

Si esto es así, aun cuando la gobernanza pueda incidir en el diseño normativo, al final la implementación o acción de gobierno podría terminar excluyendo la participación ciudadana, contrario a lo que de origen se buscaba.

Las APP y los COT

Dentro de las Asociaciones Público Privadas (APP), se encuentran los contratos “COT” -construir, operar y transferir-, donde el gobierno compra o construye las instalaciones y contrata a una empresa privada para que las opere.

Estos contratos contemplan que con el tiempo la empresa privada puede comprar las instalaciones y pagarlas con la facturación del mismo servicio y los gastos de gestión.

Al asumir gran parte del riesgo inicial, los gobiernos buscan fomentar una mayor participación del sector privado. Esta suele ser una opción de APP en países con altos riesgos económicos o políticos.

Existe una tendencia en los gobiernos locales del área metropolitana de Guadalajara (AMG) que, esgrimiendo algunos conceptos de supuesta gobernanza y escudándose en la falta de recursos, abren sus procesos a la participación privada a través de este tipo de contratos.

Ensalzan la hipotética eficacia de las empresas privadas para incluirlas en la gestión de los servicios públicos mientras dirigen su dedo acusador a la carencia de capacidades de los empleados municipales y el equipamiento disponible, como si no existiera opción otra alguna.

Decisiones de gobiernos neo empresariales que de fondo generan la debilitación del propio estado y lo alejan de su causa eficiente, la causa de sus gobernados.

Es así como encontramos una tendencia abierta y creciente a la privatización de la gestión pública: Recolección de basura, seguridad pública, servicios de salud, alumbrado público, son solo algunos de los más claros ejemplos de este proceso.

Se desprenden de este fenómeno algunos cuestionamientos:

¿Es el caso del AMG un caso de alto riesgo o porqué se eligen este tipo de contratos con tantas ventajas para el operador?

¿Cuál será la carga de trabajo de los empleados municipales que laboraban en las direcciones de los servicios que estarán ahora concesionados?

¿Cobrarán si trabajar?

¿Serán liquidados?

¿Habremos de pagar millones de pesos en laudos como ya ha sucedido anteriormente?

¿Llegaremos acaso al punto donde en lugar de votar por un nuevo alcalde y cuerpo de regidores,  solo tengamos que elegir cada tres años por las compañías que nos provean de los servicios requeridos?

Tal como sucede con las compañías de tv por cable seleccionaremos el “paquete” que mejor nos acomode. Incluiremos así mejor y mayor seguridad o un mayor volumen de recolección de basura según sea el caso de cada ciudadano en particular.  

Arq. Salvador Dueñas

 Aguilar, Luis F. (2016). La implementación de las políticas. México, D.F. Miguel Angel Porrua editorial.P121
Arellano, David. (2014). ¿Uno o varios tipos de gobernanza? Más allá de la gobernanza como moda: la prueba del tránsito organizacional. 
Cuadernos de Gobierno y Administración Pública, 1(2), p.119. Guichot, Virginia. (2013).
Reconstruir la ciudadanía. 1ª ed. Madrid: Dykinson, p.283.
ICES, (2015).  
 Voces emergentes. Percepciones sobre la calidad de vida urbana en América Latina y el Caribe. BID. New York. p6
IESE (2016) Índice Cities in motion. Disponible: http://www.iese.edu/research/pdfs/ST-0396.pdf [Consultado: 12 Febrero 2017]

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