Por: Alfonso García Sevilla
Hace una semana fue el candidato a dirigir el PRI nacional, “Alito” Moreno a quien le ventilaron una residencia de 43 millones de pesos. Hoy destaca el diario Mural el informe preliminar de la Secretaría de la Función Pública en torno a Carlos Lomelí, “Súper” delegado federal en Jalisco, quien al parecer, podría no haber declarado información personal y de su cónyuge de la mayor relevancia. Según el desglose, Lomelí habría omitido reportar la existencia de 35 cuentas bancarias entre ellas 12 de HSBC, 5 del Banco Regional de Monterrey, 4 de BANORTE, 3 de Santander, 2 más de HSBC y 1 del Banco MONEX, ante lo cual podría enfrentar una inhabilitación hasta por 20 años para el ejercicio en el sector público, por haber incurrido en conflicto de interés, enriquecimiento oculto y tráfico de influencias.
Ya el presidente López Obrador dejó en claro que fue decisión de Lomelí renunciar y que su situación quedaría en manos de la secretaría de la función pública. Interesante caso y a esperar el desenlace, aunque el ex delegado afirma que todo se debe a una campaña orquestada desde Casa Jalisco, las evidencias apuntan a que siempre hubo conflicto de intereses al nunca haberse podido desmarcar, ni él ni sus familiares directos, del manejo de sus empresas farmacéuticas. Tan solo una de estas, Abastecedora de Insumos para la Salud, Abisalud, ganó, en lo que va de 2019, más de 164 millones de pesos, adjudicados por el Gobierno Federal.
El resultado de la investigación podría ser una señal clara de que la “Cuarta transformación” realmente está comprometida con el combate a la corrupción, o de que, sin diferencia de gobiernos anteriores, también se cumpla la máxima de “A los amigos justicia y gracia”. Hagan sus apuestas.
Alfonso García Sevilla
Politólogo, Profesor universitario y miembro del Claustro Académico del ITEI
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