¿Dos nuevas Constituciones: una Cuarta Transformación y una Refundación?

12/02/19


demo-image

El pasado 5 de febrero, en el marco de la conmemoración de los 102 años de la promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 (CPEUM), coincidentemente el presidente de la República y el
Gobernador de Jalisco, hablaron sobre la posibilidad de contar con una nueva Carta Magna federal y local,
respectivamente.

En el caso de Jalisco, el Gobernador del Estado fue más allá e incluso envió al Legislativo una iniciativa para
adicionar el artículo 117 bis a la Constitución local, con el objetivo de sentar las bases para un nuevo Congreso
Constituyente –la asamblea electa por el pueblo conforme a sus leyes vigentes, y que tiene por objeto discutir,
redactar y promulgar una nueva Ley suprema-. Sin embargo, en ambos casos lo primero que debería
responderse con toda seriedad es si ¿necesitamos una nueva Constitución?

Ninguna de ambas propuestas debe ser tomada a la ligera. Las Constituciones surgen de procesos políticos y
sociales complejos dentro de un contexto histórico determinado. Por citar sólo un ejemplo, ante la explotación
indiscriminada de la riqueza petrolera mexicana por parte de empresas inglesas y estadunidenses sin pagar un
solo peso de impuestos, el Presidente Venustiano Carranza intentó modificar sustancialmente el status de la
industria petrolera, por lo que en abril de 1916 la Comisión Técnica sobre la Nacionalización del Petróleo,
presentó un informe que concluía: “[…] Por todas las razones expuestas, creemos justo restituir a la nación de lo
que es suyo, la riqueza del subsuelo, el carbón de piedra y el petróleo.” En consecuencia, en el artículo 27
Constitucional se estableció la propiedad originaria de la nación sobre el petróleo.

Se trata por lo tanto, de un nuevo pacto que contiene un proyecto para el desarrollo económico, político y social,
y que define también la forma de Estado y de Gobierno, la división de Poderes, la posición del individuo frente al
poder y los mecanismos contención del poder. Pero el problema va más allá de la definición del proyecto
contenido en la Ley Fundamental (Federal o local): la dificultad se suscita en la protección, el respeto y la
aplicación del proyecto adoptado.

En este contexto son muchas las interrogantes: ¿qué problemas harían indispensable la promulgación de una
nueva Constitución Federal y local? ¿En ambos casos, cuáles serían las Decisiones Fundamentales –el eje de
los sistemas jurídico, económico, político y social consagrados en la Carta Magna–? ¿Se modificarían o no la
forma de Estado y la forma de Gobierno? ¿Se conservarán el Ejecutivo, Legislativo y Judicial o en cuántos
Poderes se dividiría al poder público? ¿Se modificará el territorio?

En el caso de Jalisco, la eventual nueva Carta Magna debe respetar los valores tutelados en la Constitución
Federal. Ahora, llama la atención la propuesta enviada por el Ejecutivo Estatal al Congreso local, pues en la
iniciativa de adición se establece en la fracción IV del artículo 117 bis propuesto que: “El Congreso Constituyente
se integrará por: a) Los diputados del Estado que integren la legislatura en turno; b) Los diputados federales por
Jalisco en turno; c) Los senadores por Jalisco en turno; d) Cinco representantes del Poder Ejecutivo; e) Cinco
representantes del Poder Judicial; f) Dos representantes de cada uno de los distritos electorales uninominales en
el estado de Jalisco, electos por la ciudadanía mediante elecciones libres y auténticas; (…)”. Un Congreso
Constituyente busca romper con los Poderes ya establecidos, para llamar al pueblo a que designe nuevos
representantes exclusivamente para crear la nueva Ley Suprema, no retoma los mismos poderes para hacerlo.
Esto nos remite a la definición de Constitución que ofrece Lasalle: es la suma de los factores reales de poder.

Por: Dr. Luis Arturo Jiménez Castillo
opinion.estadodederecho@gmail.com
Mesa de Diálogo Miércoles 7:00 pm

REGRESAR