Estado de Derecho

21/01/19


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Quince días después del inicio de la escasez de gasolina en Jalisco –suministro sí hay, pero es insuficiente para abarcar la demanda diaria normal-, algunos sectores de la sociedad han transitado de la inconformidad expresada inicialmente a la tolerancia, a la resignación o al respaldo de las medidas implementadas por las autoridades Federales en contra del robo de combustible. Aparentemente, la afectación a la normalidad ciudadana y las pérdidas económicas cuantificadas por algunos actores sociales, no han disminuido el capital político del presidente López Obrador –aún falta revisar la metodología de las encuestas que durante la semana se han publicado-. No obstante, la paciencia ciudadana no será eterna.

La reiterada negativa de reabrir el poliducto de Salamanca a pesar de sus consecuencias, no obedece a diferencias políticas entre las autoridades Estatales y Federales –el propio Gobernador de Jalisco lo ha dejado en claro-, ni se trata de una vuelta al pasado en la logística de la distribución de combustible, sino que es parte de una estrategia integral observando aspectos técnicos, financieros y políticos, con el objetivo de combatir la corrupción añejamente arraigada en el sector energético del país –ya se anunció que se saneará también a la Comisión Federal de Electricidad-.

Para darnos una idea de la magnitud del problema, en rueda de prensa realizada el día 15 de enero del año en curso, Pablo González Córdova, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), señaló que: “Fox, Calderón, Peña y todos los demás desde Salinas eran ‘dueños’ de PEMEX, ellos se repartían los barcos, se repartían todo, este negocio era para ellos”.

Por lo tanto, el cierre del poliducto de Salamanca fue apenas el inicio de una fase diagnóstica, y como si se tratara de un estudio de contraste, a partir de esta acción se han podido localizar las tomas clandestinas, rastrear la red de complicidades al interior de PEMEX, identificar a los empresarios beneficiados por el robo de combustible, calcular el monto del quebranto financiero generado al país y ubicar las cuentas de destino del dinero. Las aproximadamente 1,700 carpetas de investigación en curso, requieren de un estándar probatorio considerable para que se pueda imputar a una persona y solicitar su vinculación a proceso, por lo que el forzoso paso previo en el que se estaría trabajando, es precisamente en la obtención de todos los datos de prueba necesarios, sin que hasta el momento la estrategia implementada pueda considerarse como un éxito, pues la batalla jurídica apenas inicia.

En este contexto, la negativa de comparecer ante el Poder Legislativo el pasado 15 de enero, por parte de Secretarios de Hacienda (Carlos Urzúa), Energía (Rocío Nahle), el Director de Petróleos Mexicanos (Octavio Romero) y el Procurador para la Defensa del Consumidor (Ricardo Sheffield), tendría como objetivo no revelar detalle alguno sobre la estrategia trazada por el Ejecutivo Federal –lo que también explicaría el hecho de que el propio presidente de la República, le dé vueltas al tema y en realidad, poco informe en sus conferencias matutinas-.

Finalmente, lo sucedido en la comunidad de San Primitivo, municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, es lamentable, y culpar a las víctimas es otra forma de revictimización. Las autoridades deben poner especial atención en esta tragedia, pues no queda claro el móvil: ¿toma clandestina o intento de desestabilización?

Dr. Luis Arturo Jiménez Castillo
opinión.estadodederecho@gmail.com
Mesa de Diálogo Miércoles 7:00 pm


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